Si con refranes, y no con leyes, se gobernara, el mundo andaría mejor que anda.

Proverbio estadounidense

Hasta hace poco la RAE definía democracia como “doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno” o como “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”. Pero el artículo ha sido enmendado en la vigésima tercera edición del diccionario (la que actualmente se está elaborando) de tal manera que ahora la acepción principal es la siguiente: “Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder por medio de representantes elegidos por sufragio universal”. Una variación que, pese a tratarse de una de las palabras que más oímos a diario, ha pasado desapercibida.

El significado del término sigue siendo el mismo pero dicha corrección refleja el cambio que el concepto de “Democracia” ha sufrido, al menos, en nuestra sociedad. Ya se reconoce oficialmente la resignación ante nuestro sistema político, que consiste únicamente en designar aforados. Ni más, ni menos. Todos nuestros derechos y libertades se reducen a introducir periódicamente una papeleta en una urna. Qué sociedad tan madura y desarrollada.

Ya, ya sé lo que estás pensando, que soy un agorero. Y es cierto, no necesitamos este tremendismo. No todo está perdido. De hecho anteayer el Partido Popular presentó una proposición no de ley que reclama la participación ciudadana. Lo que se plantea al Gobierno es que habilite un mecanismo para que podamos opinar y debatir online sobre las iniciativas legislativas antes de que sean aprobadas por los ministros y remitidas a las Cortes para su tramitación. Otro apoyo del PP al lobby internauta para frenar los atropellos que pretende el ministro Molina contra los principios básicos de la Red.

El texto, redactado por Rafael Merino (ex alcalde de Córdoba), uno de los pocos diputados que funcionan, entraña uno de los escasos estímulos para mejorar la calidad democrática que se impulsan desde arriba. Si bien no podemos olvidar la brecha digital de nuestro país (el 40% de los españoles no usa Internet) y, lo que es más importante, la desgana colectiva ante estos asuntos. Pero aunque no sea la panacea debemos aplaudir medidas de este tipo que ambicionan implicar a la ciudadanía en la construcción de sus propias leyes; tarea esta que, como han apuntado Saenz de Santamaría y Pajín esta mañana, resulta “complicadísima” para los políticos.