Las defensas innecesarias se convierten en ataques injustos.

Concepción Arenal

No es culpable. Solo existen sospechas y un sastre que torea a la prensa; así que mientras no haya pruebas, jurídicamente, no es un delincuente. Pero, cuando a políticos se refiere, nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es una de las consecuencias de que todas las semanas se descubran nuevos casos de corruptela: no nos fiamos. De tal modo, a Camps, la deontología le impone presentar las famosas facturas. La opacidad política no liga con la democracia.

Que comprase o no los trajes no es grave. Suponen, en teoría, gastos de representación; aunque el coste de su “uniforme de trabajo” (800 euros) equivalga a la nómina mensual de mucha gente, resultan compras habituales. ¿Se devolverán cuando abandonan el cargo? Lo importante es el trasfondo, la posibilidad de que exista cohecho (con un tipo que está en la cárcel) y a cambio de qué, que sí sería ilegal y seguramente elevaría en mucho la cifra económica; pero no importa el precio o cómo son los trajes.

Con tanto trajín se está tapando lo peor de Camps: lleva años sin contestar preguntas de los periodistas; sus ruedas de prensa son más bien dictados. Esta falta de transparencia sí que daña al sistema porque desbarata uno de sus mecanismos fundamentales de control. Los ciudadanos deben conocer para ser libres, y para ello los políticos han de informar. Si se ignora el papel de los medios la democracia es falaz.

Nos hemos vendado los ojos con los trajes. No olvidemos la trama de espionaje, que la ha habido; lo que no se puede asegurar es quién lo ha ordenado y si se ha pagado con dinero público. En este caso el desfalco multiplicaría el supuesto gasto de Camps, además de incurrir en otros delitos. El clima de opinión es de total desconfianza e incredulidad; y los responsables políticos no lo remedian, ni tampoco los medios que únicamente levantan cortinas de humo. Así nos encontramos, hablando de ceñidores y tejidos, como si ese debate nos llevase a algún sitio…