El egoísmo no consiste en vivir como uno cree que ha de vivir, sino en exigir a los demás que vivan como uno.

Oscar Wilde

Llevaba unos días rumoreándose por prensa y blogsfera que las dos gigantes de la comunicación móvil europea estaban negociando. Parecía imposible observando su enemistad patente. Todo empezó hace un par de semanas cuando lo anunciaron en Gran Bretaña: O2 (filial de Telefónica) y Vodafone habían alcanzado un acuerdo para compartir redes en dicho país. El martes confirmaron que la colaboración se extendía, de momento, a cuatro países más durante al menos diez años; entre ellos España. Y dejan la puerta abierta a “futuras conversaciones” para profundizar la cooperación.

Es a la maldita recesión del mercado a quien debemos agradecer el apretón de manos, que aunque aún guarda algunos puntos clave por detallarse, sin duda beneficiará a clientes y empresas. A los primeros porque dispondrán de mayor cobertura puesto que podrán valerse de la red de la compañía rival (los de Movistar de la de Vodafone y viceversa). Para las corporaciones supondrá una reducción de costes, es decir, una ventaja competitiva; ayer JPMorgan estimó que cada una se ahorrará cerca de 55 millones de euros al año. ¿Nos repercutirá como consumidores?

No es oro todo lo que reluce. Tanto Vodafone como Telefónica obtendrán mayores beneficios, pero de ahí a que bajen los precios… Hoy mismamente la UE ha presentado un informe que sitúa a España como el estado más caro en telefonía móvil y banda ancha de los veintisiete; la comisaria europea para la Sociedad de la Información, Viviane Reding, lo atribuye a la poca competencia. Y ésta, como puede adivinarse, no va favorecerse por el noviazgo entre las dos contrincantes que suman casi el 80% de la cuota de mercado (44,5% Movistar y 31,2% Vodafone). El pacto relega al resto de competidores, especialmente a Orange (la otra con red propia) y sus OMVs aliadas. De tal modo, habremos de esperar un tiempo antes de prodigar la alegría, no sea que finalmente cunda el llanto.

Cabe apuntar además que, aunque pase desapercibido, las antenas de telefonía móvil generan contaminación y radioactividad de diversos tipos y ocupan un espacio público; incluso hay bastantes sin licencia o sin la aprobación de los ciudadanos. Son necesarias, pero se demuestra absurda y perjudicial la existencia de redes duplicadas (por las distintas compañías). Lo ideal: que su propiedad y gestión fuese estatal, aunque alquilada a las operadoras para compensar los costes.

Así se satisfaría el acceso a todos los ciudadanos en casi todos los puntos (independientemente de la rentabilidad, puesto que se trata de un derecho), sortearíamos algunas complicaciones jurídicas y medioambientales, se evitarían gastos elevados de inversión, se estimularía la competencia y se prescindiría de un sinnúmero de repetidores redundantes. En definitiva, ganaríamos en eficiencia y a todos nos resultaría más barato. Si bien es cierto que es un deseo disparatado e ilusorio, puede que ya sea tarde, y además asumiríamos demasiados riesgos económicos...