El talento y la ciencia de un hombre son propiedades colectivas que nunca ha pagado y de las que siempre será deudor.

Pierre Joseph Proudhon

La educación es un derecho fundamental. Como tal, se confiere al Estado el deber de procurársela a todos sus ciudadanos, sin distinción de ningún tipo. Así nos aseguramos que cualquiera, por pobre o tonto que sea, tendrá satisfecha esta necesidad básica. Se acepta como un requisito para alcanzar el bienestar social. Convenimos en destinar parte de nuestros recursos para que el Estado pueda educar a todos sus ciudadanos. Se deben aclarar en este punto dos aspectos que a menudo se adulteran. Primero, que la ciudadana Fulanita Pérez no paga impuestos para que su hijo reciba una educación, tributa para que los hijos de todos sus conciudadanos, incluido el suyo propio, la reciban. Y, segundo, que en todo momento, la educación de los niños sigue siendo responsabilidad de sus tutores (naturalmente sus progenitores).

Por supuesto, esta obligación del Estado (o sea, de ti, de mi y de tu vecino) de garantizar el acceso a la educación a todos sus ciudadanos no impide que Fulanita Pérez, como responsable de la formación de su hijo, si puede y lo prefiere, encargue dicha función a una institución privada. Ella cree que al optar por esta alternativa libera al Estado de la carga (económica) que le supondría educar a su hijo y, por tanto, considera que lo justo sería que ella quedase exenta de esa carga fiscal. Aparte de insolidario, este argumento resulta falaz. Ya he explicado antes que ella no paga al Estado por la prestación a su hijo, sino por una prestación social, que beneficia a la sociedad en su conjunto. Si no, aquellos sin hijos formándose (la mayoría de los contribuyentes) tampoco deberían pagar. Además, aceptando que al inclinarse por la educación privada le ahorra al erario público algunos costes variables, en ningún momento el Estado queda liberado de su obligación. Se sigue conservando el derecho a la educación pública independientemente de su elección y, por tanto, el Estado debe permanecer preparado por si reclamase su asistencia en este aspecto.

Muchos ciudadanos caen en el mismo error que Fulanita Pérez. Sin ir más lejos, Esperanza Aguirre promulga que quienes se decantan por educar a sus hijos en centros privados pagan dos veces. Y, para compensar tal injusticia, defiende que el Estado (en este caso la Comunidad de Madrid) debe sufragar también la educación privada. De hecho, ya ha desarrollado un anteproyecto de Ley para que las ayudas que se conceden por cada hijo en la educación privada asciendan hasta los 900 €. Esta ayuda, junto con las deducciones fiscales por educación, podría resultar incluso positiva puesto que permite a más familias acceder a la educación privativa. Sin embargo, junto con el incremento de las ayudas, aumentará el umbral de ingresos para desgravarse hasta los 30.000 euros anuales de renta por cada miembro de la familia. Es decir, que por ejemplo una familia con cuatro miembros se desgravará con que ingresen menos de 120.000 euros anuales. El PIB per cápita de 2009 autonómico fue de 30.029 € y, según los últimos datos, el salario medio es de 2.161 € al mes…

Sobra explicar que estas ayudas y desgravaciones las soportamos todos, ricos o pobres. Y, puesto que aquellos que pueden permitírselo tienen derecho a educación privada y/o derecho a educación pública, me pregunto ¿quién es el que paga dos veces por la misma prestación? Porque mientras que el derecho a la educación pública es universal (en España), beneficia a todos y lo costeamos entre todos; el derecho a la educación privada, gracias al apoyo económico la CAM, lo financiamos, al menos en parte, entre todos y, aunque se acepta que su beneficio es común, parte de la sociedad no puede acceder a él. Y más paradójico, si cabe, resulta aumentar estas ayudas en plena implantación de un plan de austeridad que ha reducido el presupuesto educativo en la región un 5% y que ha sacrificado los Consejos de la Juventud y de la Mujer, etc.

EPÍLOGO:

Mientras que todo esto sucedía, y el gobierno marroquí continúa arengando a sus masas (el falso asesinato en Melilla, agresiones a políticos españoles y a la prensa…), nuestro presidente, el del talante y la Alianza de Civilizaciones, pedía a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que hablasen sin decir nada. ¿Y por qué lo digo? Pues porque resulta que, ciñéndonos al Derecho Internacional, la soberanía del Sáhara Occidental sigue siendo española. En 1975 era una provincia más (sí, como Cádiz o Albacete, tenía incluso distintivo para las matrículas: SH; desde 1956 no era colonia). La Marcha Verde logró que en 1975 España se retirase a toda prisa de la zona y evacuase a todos los españoles, o a quienes consideraba como tales (Operación Golondrina); unos días más tarde, dicho abandono se plasmó con la firma del llamado Acuerdo tripartito de Madrid (con Marruecos y Mauritania) según el cual, el Gobierno español transfería la administración del Sáhara Occidental, pero no la soberanía sobre el territorio. Es más, se pactó que esta nueva administración sería temporal y se compondría por los tres países firmantes. Valga esto para deslegitimar aún más la ocupación marroquí, y señalarnos a España como responsables directos de lo que sucede en el Sáhara Occidental.